El Gobierno abre la puerta al despido de los funcionarios que rechacen un traslado.

El Gobierno traslada la reforma laboral a la función pública: quienes no acepten la “movilidad geográfica”, es decir, el traslado, podrán ser despedidos. Así se desprende de la letra oficial de la reforma del sector público publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que incluye mayores recortes para los empleados públicos de los que anunció el Consejo de Ministros: además del recorte en las pagas extras y de sus días libres, los funcionarios que se pongan enfermos perderán parte de sus ingresos para “evitar el absentismo”.

El objetivo –según el Boletín Oficial del Estado— es “ahorrar gastos de personal e incrementar la calidad y productividad del empleado”. El resultado es que la administración pública pasa a tener el mismo régimen que el que la reforma laboral de Rajoy introdujo en el sector privado.

La letra del BOE dicta que Hacienda establecerá criterios “vinculantes de movilidad y asignación de puestos” con los que el Ejecutivo podrá trasladar a los funcionarios y empleados públicos de unos puestos a otros. Según reza el decreto del Ejecutivo, el ministerio se reserva la capacidad de realizar traslados “para una asignación más eficiente y adecuada de los recursos humanos”.

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